Vivimos una época en la que la velocidad de la información parece imponerse sobre su veracidad. Lo que se comparte en redes sociales, lo que circula en grupos de mensajería, lo que se publica en portales digitales muchas veces llega antes de que se pueda verificar, y sin embargo forma opiniones, crea climas, condiciona decisiones. En este escenario, la responsabilidad no es solo de los medios de comunicación, que deben priorizar la precisión y la transparencia de sus fuentes, sino también de maestros y profesores, que tienen en sus manos la tarea de formar a jóvenes capaces de distinguir lo confiable de lo dudoso. En nuestra comunidad de Salto esto adquiere un valor especial, porque los adolescentes consumen gran parte de la información a través de redes, y porque los centros educativos ya se enfrentan a la necesidad de educar no solo en contenidos académicos, sino en la capacidad crítica frente al mundo digital. No se trata de prohibir el acceso, sino de guiar en el discernimiento y que los jóvenes lean más allá del título.
Medios locales tienen el deber de trabajar con rigor, sin caer en el sensacionalismo que erosiona la confianza de la ciudadanía. Pero los docentes también deben incorporar en sus prácticas la alfabetización mediática, enseñar a leer un titular con mirada crítica, a comprender quién lo escribe y con qué intereses. Algunos proyectos en Salto, como los que llevan adelante instituciones de enseñanza privada y pública, apuntan precisamente a limitar la distracción de los celulares en aulas y a generar espacios de debate sobre la calidad de lo que circula en redes. Estas experiencias muestran que, más allá de la tecnología, lo importante es la formación de criterio.
En Uruguay, AGESIC ha impulsado varias iniciativas que ayudan a pensar este desafío. La Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital 2024-2028 promueve competencias como el uso crítico, reflexivo y responsable de las tecnologías. También se han difundido guías como “La Red delante de las pantallas”, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, para orientar a familias y educadores en el acompañamiento de niños y adolescentes. Y en paralelo, se desarrollan campañas sobre protección de datos personales y seguridad digital, que no solo conciernen a funcionarios públicos sino a toda la población. Estos insumos son valiosos para trasladarlos a la escala local, allí donde los problemas concretos se hacen visibles.
La saturación de fuentes, la rapidez con que se instalan rumores, la falta de formación digital de parte de algunos docentes y las tensiones que viven los propios medios frente a la presión económica y de audiencias, plantean un cuadro complejo. Pero también es cierto que la comunidad puede responder con acuerdos básicos: que la educación formal incluya alfabetización mediática desde primaria, que los docentes reciban formación continua para enfrentar este reto, que los medios locales asuman compromisos de prepararse para estos desafíos, y que se generen instancias de trabajo conjunto entre prensa, instituciones educativas y organismos como AGESIC.
La información de calidad no es un lujo, sino una condición para la vida democrática. Una comunidad que se informa con rigor es una comunidad que dialoga mejor, que no se deja arrastrar por la confusión, que construye ciudadanía crítica. Y esto empieza en el aula y se multiplica en los medios locales. Que nuestros jóvenes aprendan no solo a repetir datos, sino a interrogar la fuente. Que comprendan que el acceso a información segura es también un derecho. Porque como bien advertía Heidegger, el gran reto de la técnica no es su avance, sino nuestra capacidad de pensarla. GECS.
elpueblodigital.uy